La imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) viola la Declaración de Independencia y la Primera, Quinta y Décimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ese, en síntesis, es el argumento que esboza una demanda radicada en la mañana de este martes por un grupo de ciudadanos, organizaciones cívicas y sindicales del país. Fue presentada por el abogado René Pinto Lugo y lo representan Roberto Maldonado Nieves y Reynaldo Pérez Ramírez. El documento fue presentado en el tribunal federal como parte del pleito bajo el Título III que busca la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
“Hasta en los propios casos insulares… todo ese Derecho positivo que resolvieron colateralmente en los casos de Sánchez Valle y de Franklin tienen que atenderlo. Estados Unidos le debe eso a Puerto Rico. Nos deben esa explicación y lo van a tener que escribir. Su corte Suprema va a tener que justificar por qué un organismo no electo ejerce poderes imperiales, atropellantes. Contrario incluso a la propia ley Promesa que en su Artículo 7 plantea que tiene que promover medidas de crecimiento durable, económico en la economía de Puerto Rico y están haciendo todo lo contrario”, dijo Pérez en una conferencia de prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en Hato Rey.
La demanda va dirigida contra el gobierno de los Estados Unidos, la JSF y el gobernador Ricardo Rosselló. Pérez Ramírez dijo que se incluyó al primer ejecutivo porque bajo su administración se han aprobado leyes que buscan cumplir con las directrices de la JSF y afectan a miles de personas, particularmente la clase trabajadora. En esa línea mencionaron la Ley 3, la Ley 4 y la Ley 26.
“Es una demanda bien extensa tiene un montón de planteamientos bien técnicos”, dijo Maldonado.
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Entre las alegaciones de la demanda plantea que al imponerse la JSF, mediante la aprobación de la ley federal Promesa, el Congreso y la Junta privaron al pueblo de Puerto Rico de su derecho a la autodeterminación y otros derechos bajo los mencionados decretos.
Rechaza que el Congreso tenga “poderes plenarios sobre Puerto Rico”, explicó Maldonado.
La demanda también reclama que se remueva de la JSF a José Ramón González y a Carlos García por supuesto conflicto de interés ya que formaron parte de la administración de Luis Fortuño presidiendo el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
“Es imposible que tengamos esas dos personas ahí. Basta con la apariencia de conflicto. Aquí no hay apariencia. Aquí hay conflicto. Esto es insostenible e indefendible”, afirmó Pinto Lugo.
Asimismo, la demanda pide que se deje sin efecto todos los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico hasta que no se haga una auditoría forense. También pide que no se dispongan de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica sin la participación del pueblo y que se incluya al gobierno de los Estados Unidos en la demanda para que asuma responsabilidades constitucionales y legales por la deuda de Puerto Rico.
Pinto Lugo cuestionó cómo se puede comenzar a hablar de pagar una deuda cuando ni siquiera el gobierno tiene los informes auditadas al día. Los más recientes datan del 2014.
“Es incomprensible, injustificable e indefendible”, argumentó el abogado desde un anfiteatro de la universidad.
“La transparencia es esencial y aquí no hay ninguna en lo respecta a la deuda pública”, agregó.
Los demandantes, además de Pinto Lugo, son el Movimiento de Concentración Ciudadana Inc. (Vamos), la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (Ueogaep), la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc. (Uitice), la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), la Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas de Puertos (Ueoca), la Unión de Empleados del Banco de la Vivienda ((Uebv), la Unión de Empleados Profesionales Independientes (Uepi), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA) y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ajaee).
“Son demandantes que han perdido derechos adquiridos, están sufriendo y van a seguir sufriendo”, apuntó Pérez Ramírez.
